La Suprema Corte de Justicia de la Nación está por decidir si suspende la operación de una granja porcícola en el municipio de Homún, Yucatán. Los promoventes del litigio esperan que esta sea una decisión histórica de la Corte, pues podría sentar precedente sobre medidas de precaución por posibles daños de megaproyectos en la zona

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: María Fernanda Ruiz

La reserva geohidrológica Anillo de Cenotes, una de los depósitos  de agua dulce más importantes de México que provee más del 60 por ciento del agua de Yucatán, podría ser contaminada por 50 mil puercos. Hasta el momento lo han impedido los pobladores de Homún, uno de los municipios donde está la reserva. Su lucha llegó a la Suprema Corte de Justicia, que podría librar la amenaza y, de paso, sentar un precedente de defensa medioambiental para todo el país.

Los pobladores de Homún piden en su demanda a la Suprema Corte que se respete el principio precautorio para detener a la granja porcícola de Papu, Productora Alimentaria Porcícola.

“El principio precautorio cuida el medio ambiente cuando no hay una certeza de las afectaciones que alguna acción pueda representar”, explica Lourdes Medina, abogada de Indignación, Promoción y Defensa de los DDHH, A.C, una organización que acompaña a la comunidad de Homún en su proceso legal.

“Esto significa que, ante algún megaproyecto que presenta amenazas al medio ambiente, a pesar de que no hayan pruebas periciales o científicas, pero sí un razonamiento lógico, se debe suspender dicho proyecto”.

Esto es precisamente lo que pasa en Homún, como explica Viridiana Lázaro, de Greenpeace, la organización internacional de defensa del medioambiente. “Este caso ejemplifica la contaminación generalizada que hay en la península. El alimento de los puercos en la granja tiene un alto contenido de nitrógeno, mismo que no es aprovechado en su totalidad por los puercos, por lo que más de la mitad se excreta al aire, agua y suelo”.

“Cuando el suelo tiene arcillas y materia orgánica, el nitrógeno se detiene en los suelos y no se infiltra al agua, pero en Yucatán, los suelos son cársticos. Es decir, que no tienen mucha materia orgánica, y los compuestos se infiltran muy fácilmente en el manto freático”, explica Viridiana.

“La presencia de nitratos en los sistemas públicos de abastecimiento constituye un gran riesgo para la salud de las personas. Puede producir cáncer de estómago y problemas respiratorios”, añade.

Desde mediados de la última década la creciente demanda de carne de cerdo a nivel internacional provocó el aumento de la producción porcícola en la península. Con ello llegaron las granjas de este tipo que se están multiplicando en todo el territorio. Según los defensores de Homún en el estado hay más de 420 granjas porcícolas.

Tan sólo en 2019, en Yucatán se sacrificaron más de dos millones 200 mil puercos. La cifra supera incluso el número total de habitantes, que apenas rebasa los 2 millones. Según el Consejo Nacional de Población la zona porcícola contamina seis veces más que la población humana que habita en el lugar. 

Una amenaza entre varias

Las granjas porcícolas son apenas una de las amenazas medioambientales que llegaron en los últimos años a la península. “La contaminación por agrotóxicos es otra de las más grandes, también la de la industria de la extracción y la de las energías renovables”, advierte Doroteo Hau, hombre de piel morena y arrugas profusas originario de Homún.

“Cuando destapan esta granja, empezamos a traer expertos de todas las ramas. Nos dimos cuenta que todo empezó con el caso de Kinchil, donde querían poner una granja de cerdas parideras, los del Grupo Porcícola Mexicano (Mejor conocidos como Kekén, una de las empresas mexicanas que más puerco exportan a Corea y China). Ahí dejaron lagunas de aguas residuales en los montes aledaños a las granjas. Se probaron que las lagunas eran de agua verde por este tipo de contaminación”, asegura.

El problema, cuenta Doroteo, no solo abarca a Kinchil, sino a muchos otros municipios como el propio Homún y el vecino Hoctún. A pesar de las denuncias de estas comunidades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la autoridad correspondiente, no ha detenido  ese tipo de granjas; al contrario, les autorizó la ampliación de producción en la zona.

De acuerdo con Jorge Fernández, del grupo de abogados Indignación, Yucatán es la pepita de oro de las inversiones. Está el Tren maya, un parque temático de la cultura maya y las granjas porcícolas, así como los campos de energía renovable.

“No hay registro de cuánta carga de contaminación puede aguantar el medio ambiente en Yucatán. El sistema ya no puede ver qué tamaño de carga aguanta el sistema. Se han aprobado cantidad de proyectos y no se sabe el carácter acumulativo de contaminación que va a generar”, asegura Jorge Fernández. 

“A partir de la demanda de los de Homún, otros pueblos han denunciado públicamente y presentado demandas en contra de otras empresas y granjas porcícolas. No solo estamos viendo la crisis del agua en la península, sino también la contaminación por otros megaproyectos de extracción indiscriminada”, sentencia Fernández.

El pueblo que dijo no a la granja

Doroteo fue el primer ejidatario de Homún -entre poco más de 7 mil personas-, que después de la caída de la producción henequenera habilitó un cenote para el ecoturismo, en 2006. Desde entonces, ése se volvió el primer sostén económico del lugar. La contaminación de la granja amenaza ese modo de vida.

“Nosotros tuvimos que contratar a una persona, un doctorado en medio ambiente, porque nosotros no sabemos. Ellos nos dijeron que sí contaminaba mucho, y por eso empezamos la lucha a través de las dependencias –como se refiere a las autoridades del gobierno–, pero las dependencias nos han dado la espalda”. 

Una muestra clara de esto fue en 2018, cuando el pueblo decidió hacer una clausura simbólica a la granja. Ese mismo día, elementos de la Profepa llegaron para clausurar los cenotes del pueblo.

“La gente como se pudo fueron de Homún a los cenotes. Unos en motos, otros en triciclos (que se usan para llevar a los turistas a los cenotes) y muchos a pie. Éramos como más de mil personas”, cuenta. “Fuimos y los atoramos en el camino. Ahí les dijimos ‘¿Qué hiciste?’ y nos respondieron: ‘Nada, vinimos a clausurar’. ‘No, aquí tienes que quitar los sellos’, les dijimos. Las señoras empezaron a mentar madres. Ellos no buscaban (encontraban) qué decir”. 

“Cuando salimos de la brecha, en la carretera, ahí estaban los policías, encapuchados, con escudos y cascos y sus rifles en las manos. Nos van a llevar –pensó en ese momento– pero no, solo nos pidieron que devolviéramos a las personas de la Profepa –a quienes habían detenido hasta que quitaron los sellos.Comenzando este año, nos mandaron un oficio de la Profepa federal, que decía que nosotros éramos inocentes, que el jefe de Profepa en Yucatán mandó sólo a esos señores. Imagínate, así qué confianza vamos a tener en las autoridades”. 

La pelea legal

El caso de Homún contra la granja de puercos inició a principios de 2017. La comunidad se dio cuenta de la construcción de una carretera nueva. Mandaron a preguntar al municipio sobre ella y les respondieron que habían dado un permiso para una granja de puercos y tratamiento de agua residual.

“El alcalde lo entregó de manera unilateral y no a través de una decisión del Cabildo, como debe ser”, explica la abogada Lourdes Medina. “Revocan el permiso, pero la empresa impugna la decisión de la Juez cuarta de distrito, que había dicho que la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), la que aprobó una dentista, estaba llena de irregularidades. Niega la existencia de una comunidad indígena y de las áreas naturales protegidas”.

La granja, sin embargo, continuó operando, por lo que en 2017, la comunidad decidió hacer una autoconsulta. Misma que presentaron a las autoridades, que nunca dieron una respuesta, por lo que la construcción de la granja continuó hasta 2018, cuando inició operaciones. La comunidad presentó dos amparos, uno por las irregularidades de la MIA y otro por las afectaciones al derecho a un medio ambiente sano de los niños del pueblo. 

Esos mismos amparos fueron atraídos por la Suprema Corte en agosto de 2019. “Lo que dice la Corte es que lo atraen por la importancia del caso en la zona en cuanto al medio ambiente, la salud y el agua y porque a través de ese caso la Corte puede hablar sobre los desarrollos en la península”, asegura la abogada.

El caso se encuentra en manos de la ministra Norma Lucía Piña, misma que falló a favor de reabrir el fondo de reparación medioambiental por el derrame del Río Sonora y que defiende otros temas medioambientales.

A pesar de que aún se encuentra construyendo un proyecto para resolver el caso, los abogados del grupo Indignación esperan que antes de mediados de 2020 haya una solución.

Consulta nuestro especial:

Resistencias. Yucatán, mayas pelean contra molinos y cerdos